Polémica por el cierre de cuatro clínicas odontológicas en Madrid: los profesionales exigen una normativa sobre comunicación sanitaria

El repentino cierre de cuatro centros pertenecientes a una misma red de clínicas dentales en la Comunidad de Madrid ha reactivado un viejo anhelo del sector: la aprobación de una regulación estatal que ponga orden en la publicidad de los servicios de salud. Apenas tres semanas después de que dos clínicas de la misma firma echaran el cierre en Barcelona, decenas de pacientes madrileños se han quedado con tratamientos incompletos, citas canceladas sin previo aviso y, en muchos casos, con importantes sumas de dinero ya abonadas —algunas de ellas superiores a los 10.000 euros— que ahora ven en grave riesgo de recuperación. A esto se suma la inquietud por no poder acceder a sus propias historias clínicas, fundamentales para continuar su cuidado bucodental en otro centro.

De acuerdo con la información difundida por varios medios, numerosos afectados han señalado que su decisión de acudir a estos centros estuvo motivada por las campañas promocionales emitidas en televisión, donde se ofrecían condiciones que hoy consideran engañosas. Este escenario ha llevado al Consejo General de Dentistas a elevar de nuevo su voz para reclamar una ley de ámbito nacional que establezca pautas claras, rigurosas y homogéneas sobre cómo se pueden comunicar los tratamientos y servicios sanitarios a la población.

El impacto sobre los pacientes: más allá de lo económico

Las consecuencias de estos cierres no se limitan a la pérdida económica. Para muchas personas, quedarse a medio camino en un proceso odontológico puede implicar riesgos para la salud oral: desde intervenciones inconclusas hasta la imposibilidad de obtener los registros clínicos necesarios para que otro facultativo pueda continuar el tratamiento de forma segura. La sensación de indefensión se ha visto agravada por la falta de canales claros de reclamación y por la percepción de que las promesas publicitarias no se correspondían con la realidad asistencial.

Desde el colectivo de dentistas insisten en que este tipo de situaciones evidencia la urgencia de contar con un marco legal que proteja al ciudadano. Consideran que la actual ausencia de una norma específica permite que algunas empresas utilicen estrategias comerciales agresivas, propias de otros sectores, en un ámbito donde lo que está en juego es la salud de las personas.

«No podemos permitir que la asistencia sanitaria se promocione utilizando las mismas técnicas comerciales que se emplean para vender cualquier producto de consumo. La salud no puede estar sometida a mensajes que anuncian descuentos, ofertas, garantías de por vida o promesas de resultados. La publicidad sanitaria debe ser veraz, rigurosa, comprensible y estar basada en la evidencia científica», ha declarado el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas.

Los pilares de una nueva regulación reclamada por los dentistas

La organización profesional ha esbozado los principios que, a su juicio, debería recoger cualquier futura ley de publicidad sanitaria. Estos no pretenden coartar la legítima actividad empresarial, sino establecer unas reglas de juego que pongan en el centro la seguridad del paciente y la calidad del servicio clínico. Entre las propuestas destacan:

• Prohibición de mensajes engañosos o ambiguos: cualquier afirmación sobre resultados o beneficios debe poder ser verificada y no inducir a error al paciente potencial.
• Eliminación de ofertas y promociones agresivas: se considera inapropiado emplear descuentos, bonificaciones o packs promocionales como reclamo principal para captar pacientes.
• Exigencia de respaldo científico: toda comunicación que mencione técnicas, tratamientos o productos debe estar sustentada por evidencia contrastada y no por afirmaciones vagas.
• Refuerzo de los mecanismos de supervisión y sanción: se reclama un sistema de control eficaz, con sanciones económicas y administrativas que resulten realmente disuasorias para quienes vulneren la normativa.

El Dr. Castro ha sido tajante al recordar que el colectivo lleva años alertando sobre el riesgo de convertir la odontología en un negocio basado exclusivamente en la captación masiva de pacientes y en la venta anticipada de tratamientos. «No se trata de limitar la actividad empresarial legítima, sino de garantizar que cualquier actividad económica desarrollada en el ámbito sanitario quede subordinada a la seguridad del paciente y a la buena práctica clínica», ha subrayado.

«Una clínica dental no es una tienda»

Otro de los puntos que ha generado malestar en el sector es el uso del término «tiendas» para referirse a las clínicas dentales en algunas informaciones periodísticas recientes. El presidente del Consejo General ha mostrado su preocupación por este lenguaje, al considerar que contribuye a banalizar una actividad que implica responsabilidades clínicas, éticas y legales de primer orden.

«Una clínica dental no es una tienda. Es un centro sanitario en el que los dentistas, que son profesionales cualificados, diagnostican patologías bucodentales, realizan tratamientos y asumen responsabilidades clínicas, éticas y legales. Cuando se habla de tiendas se nos desprestigia como facultativos, se mercantiliza la profesión y, lo que es todavía más grave, se transforma al paciente en un cliente», ha afirmado el Dr. Castro.

Esta reivindicación no es nueva. El Consejo General de Dentistas ha publicado en repetidas ocasiones documentos y guías donde insiste en la necesidad de que los medios de comunicación y la sociedad en general diferencien claramente entre un establecimiento comercial y un centro sanitario. La confusión terminológica puede llevar, según los expertos, a que los pacientes subestimen los riesgos asociados a los tratamientos o a que busquen únicamente el precio más bajo sin considerar la cualificación del profesional ni las condiciones de seguridad.